En años recientes, este país ha culpado repetidamente a China por la propagación del fentanilo, acusándolo de ser el principal origen de este opioide y de sus productos químicos precursores. El 1 de febrero, Estados Unidos impusó un recargo adicional del 10 % a todos los productos importados de China, justificando esta medida en el contexto de la crisis del fentanilo. Sin embargo, la postura y las acciones de los políticos estadounidenses no solo fallan en abordar el problema, sino que también pueden causar un daño significativo al sistema comercial multilateral.
El problema del fentanilo es, en esencia, una “crisis interna” de Estados Unidos. Este país enfrenta una “enfermedad”, pero intenta que China asuma la carga de la solución, lo cual no resolverá sus dificultades internas. La raíz del abuso de fentanilo en Estados Unidos radica en sus propios factores internos, sin embargo, el país tiende a trasladar la responsabilidad de sus crisis internas a otros países. Durante su primer mandato, Donald Trump relacionó el abuso del fentanilo con temas políticos, como la declaración de emergencia de salud pública, la construcción del muro en la frontera sur y la guerra comercial con China. En contraste, China es uno de los países con políticas antidrogas más estrictas y una aplicación de la ley más rigurosa a nivel mundial. En 2019, China implementó oficialmente una regulación integral de las sustancias de la familia del fentanilo, siendo el primer país en hacerlo. Según informes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) y otras entidades encargadas de la aplicación de la ley, desde septiembre de 2019, Estados Unidos no ha confiscado más sustancias de la familia del fentanilo que provengan de China. En este contexto, la insistencia de Estados Unidos en “explotar el tema” y difundir acusaciones infundadas acerca de que China es el mayor proveedor de productos químicos precursores del fentanilo solo revela sus “motivos ocultos”.
Las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos contravienen en gran medida los principios fundamentales de la OMC. Tanto China como Estados Unidos son miembros de esta organización y, de acuerdo con el artículo 1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el comercio entre los miembros de la OMC debe llevarse a cabo de manera no discriminatoria. Sin embargo, las sanciones unilaterales de Estados Unidos dirigidas a países o empresas específicas constituyen un trato diferencial selectivo. Esta práctica socava la competencia leal entre los miembros y representa una amenaza para las normas comerciales multilaterales. Además, las acciones de Estados Unidos contravienen el principio de trato nacional establecido en el artículo 3 del GATT. Este principio exige que las mercancías importadas no se sometan a un trato desigual en función de su origen al ingresar al mercado, mientras que las sanciones pueden restringir directamente la importación de sustancias lícitas o de sus precursores químicos, lo que resulta en una discriminación hacia las importaciones extranjeras.
Las cláusulas de excepción de la OMC no justifican las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos. En primer lugar, Estados Unidos podría invocar las “excepciones generales” estipuladas en el artículo 20 del GATT para respaldar sus sanciones. Este artículo permite a los miembros de la OMC adoptar medidas comerciales restrictivas necesarias para salvaguardar la vida o la salud de las personas. Sin embargo, la aplicación de dicha excepción está sujeta a condiciones rigurosas, que requieren que los miembros demuestren que las medidas son necesarias y están directamente relacionadas con el objetivo perseguido, evitando así que se utilice dicha excepción como un pretexto para el proteccionismo encubierto. En la actualidad, las sanciones en cuestión podrían poner en riesgo el comercio normal de productos farmacéuticos legales y sus precursores químicos. En segundo lugar, Estados Unidos podría invocar la “excepción de seguridad” del artículo 21 del GATT para argumentar que las medidas están destinadas a proteger “intereses esenciales de seguridad nacional”. La OMC ha dejado claro en casos como el de Ucrania contra Rusia (DS512) que la excepción de seguridad no debe ser utilizada para proteger intereses que no sean realmente esenciales para la seguridad nacional. A través de casos como el mencionado y otros similares, la OMC ha ido esclareciendo que el uso de las excepciones de seguridad no es ilimitado; los miembros deben demostrar que existe una relación razonable entre sus medidas y los intereses esenciales de seguridad nacional, evitando al mismo tiempo la implementación de medidas excesivamente amplias o discriminatorias. En los últimos años, Estados Unidos ha ampliado la aplicación de las excepciones de seguridad nacional a una variedad de ámbitos, que incluyen productos de acero y aluminio, automóviles y piezas de repuesto, inversiones extranjeras directas, así como a estudiantes y académicos extranjeros, entre otros. Este uso ampliado y a menudo abusivo de las “excepciones de seguridad” por parte de Estados Unidos ha suscitado numerosas críticas.
Las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos tendrán un impacto negativo significativo a nivel internacional. La frecuente aplicación de estas sanciones no solo infringe las normas fundamentales de la OMC, sino que también socava el orden comercial global y la cooperación multilateral. El abuso de las cláusulas de excepción podría llevar a otros países a cuestionar la equidad y la obligatoriedad de las normas de la OMC, intensificando así la fragmentación del sistema comercial mundial. Además, las sanciones unilaterales de Estados Unidos debilitarán la cooperación entre China y Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Las sanciones dirigidas a China podrían también forzar que el comercio de precursores de fentanilo se desvíe hacia la red oscura o transite a través de un tercer país, dificultando aún más la aplicación de la ley.
China es un participante comprometido y un contribuyente activo en la lucha global contra las drogas. Ya en 2019, China se convirtió en el primer país del mundo en implementar oficialmente un listado clasificado de todos los análogos del fentanilo. Este listado no solo incluía más de 100 tipos de sustancias de la familia del fentanilo identificados hasta ese momento, sino también una gran cantidad de isómeros y derivados potenciales, superando significativamente los requisitos establecidos por los convenios internacionales. China también ha aumentado de manera dinámica el número de sustancias reguladas a través de las Medidas para la Administración de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas no Destinadas a Fines Medicinales, asegurando que “el proceso de catalogación no se quede rezagado en comparación con la rápida evolución de las drogas”. En la actualidad, China ha implementado un sistema regulatorio que abarca toda la cadena de producción, distribución, importación y exportación del fentanilo. Se ejercen administración y controles estrictos sobre todas las etapas de producción, comercialización, importación y exportación de las sustancias incluidas en el control de productos químicos precursores de drogas. La exportación de fentanilo y sus precursores requiere la aprobación de la Administración Estatal de Medicamentos (SDA) y debe estar sujeta a la supervisión del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) de las Naciones Unidas. En resumen, se puede afirmar que China ha implementado un sistema de gestión y medidas muy rigurosas para las sustancias relacionadas con el fentanilo.
La solución consiste en reforzar la regulación y la cooperación. La salida a la crisis del fentanilo en Estados Unidos no consiste en “echar la culpa” a otros países, sino en reforzar tanto la regulación interna como la cooperación internacional. Las sustancias de la familia del fentanilo y sus productos químicos precursores que llegan a Estados Unidos provienen de fuentes diversas. Incluso si China hace todo lo posible, los infractores aún pueden eludir las restricciones a través de métodos como cambios estructurales, transacciones en el mercado negro, exportaciones encubiertas y comercio a través de otros países. Estados Unidos debe primero centrarse en abordar las lagunas normativas que existen en su territorio y, al mismo tiempo, colaborar con China y otros países para hacer frente a este problema. La lucha contra las drogas representa un desafío global, la actitud evasiva de Estados Unidos, así como sus sanciones unilaterales, no solo son ineficaces para resolver su crisis interna, sino que también perjudican el potencial de cooperación sino-estadounidense en el ámbito antidrogas. China ha demostrado un compromiso constante con la gobernanza global y ha promovido de manera pragmática la colaboración internacional en la lucha contra las drogas. Desde que China y Estados Unidos crearon el Grupo de Trabajo Conjunto sobre Cooperación Antidrogas en 2024, China ha estado impulsando el desarrollo de esta cooperación con Estados Unidos, basado en principios de “respeto mutuo, gestión de diferencias y cooperación mutuamente beneficiosa”, con el fin de enfrentar conjuntamente el problema mundial de las drogas. En noviembre del año pasado, se llevó a cabo en Shanghai la décima Reunión Sino-Estadounidense de Intercambio de Inteligencia Estratégica para el Control de Narcóticos, en la que se compartieron opiniones y sugerencias, y se aclaró la dirección de la cooperación futura. Estados Unidos debe reconocer la buena voluntad de China y preservar el valioso estado de cooperación antidrogas que ambos países han logrado.
